Este año, las conmemoraciones del 106° aniversario del genocidio armenio (1915-1923) están irremediablemente marcadas por el contexto del reciente enfrentamiento entre el tándem Azerbaiyán-Turquía y la república de Nagorno Karabaj (Artsaj). El peligro de esta catástrofe humanitaria venía siendo advertido como corolario de una imparable carrera armamentista sumada a la campaña de armenofobia protagonizada por el gobierno de Azerbaiyán. Ejemplo de esta avanzada son también las constantes amenazas contra los armenios proferidas por el presidente turco Erdogan, amparado en la indiferencia de unos y las complicidades de otros.
Un principio básico para reparar cualquier genocidio, junto al juicio y la devolución de bienes y territorios confiscados, es su reconocimiento. Si esto no ocurre, el genocidio se perpetúa y se replica en nuevas matanzas, como ha sucedido en Artsaj. Tal como lo exige la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas, es un deber de toda la comunidad internacional reclamar justicia.
Con el apoyo de más de un millón de estadounidenses convocados por el Consejo Nacional Armenio de Estados Unidos, en marzo pasado, 37 senadores de Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden que siga el ejemplo del Congreso y reconozca formalmente el genocidio armenio. Anteayer, Biden se convirtió en el primer mandatario estadounidense que efectuó ese reconocimiento histórico, que se había comprometido públicamente a formular cuando era candidato.
Turquía sigue manteniendo su política negacionista. Sin ir más lejos, días atrás, la Dirección de Comunicaciones de la presidencia de la república turca organizó una “Conferencia Internacional sobre los Eventos de 1915”.
Desde 1923, dicha política busca bloquear toda iniciativa de reconocimiento y solidaridad para con el genocidio de más de un millón y medio de armenios, mientras que hacia adentro silencia a su propia población y a la pequeña minoría armenia que aún vive en ese país. A esto se suma la deliberada destrucción y asimilación de todo vestigio de la milenaria riqueza cultural y religiosa de los armenios en sus territorios ancestrales.
La República Argentina, donde reside una numerosa y laboriosa comunidad armenia, ha hecho del reconocimiento del genocidio una política de Estado en sus tres poderes. Instamos a continuar impulsando el justo reconocimiento internacional que permita preservar el patrimonio cultural y religioso de la nación armenia, junto a la memoria de tan nefastos crímenes.
"La Nación", 26 de abril de 2021 (editorial)
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